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Jurisprudencia

(Asociaciones Sindicales) Ley 23551

Ley 20744 (Contrato de Trabajo)

Jornada Laboral

Jurisprudencia

Riesgo de Trabajo



EMPLEADOS BANCARIOS. Vigencia y aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75. ACCIDENTES Y ENFERMEDADES INCULPABLES. Plazo máximo de licencia. Acumulación del más beneficioso plazo máximo de licencia del CCT 18/75 con el régimen del Art. 208 Ley 20744. Rechazo. Art. 9 LCT. Selección de la norma más favorable. Teoría de la conglobación por instituciones. EXTINCION DE CONTRATO DE TRABAJO. Art. 212 4to, párrafo LCT. Incapacidad total y permanente. Indemnización 
 "Bignoli Pablo Roberto c/Hsbc Bank Argentina SA s/ despido” – CNTRAB - 09/10/2007 
“El art. 48 del CC 18/75 podría ser aplicable al caso, toda vez que dicho convenio, si bien fue suspendido en sus efectos por la regla estatal 22.425 (la misma que en 1981 derogó el Estatuto de los Empleados de Bancos Particulares de la ley 12.637), recobró luego su plena vigencia. Al punto memoro que el art. 10 de aquel ucase dispuso que el PEN adecuara las disposiciones de dicho CC 18/75 en un plazo de 90 días, suspendiendo durante ese lapso la vigencia del convenio en lo que se opusiera a la regla 22.425. De la letra de dicha regla jurídica bien podría sostenerse que el convenio nunca perdió vigencia y sólo quedaron suspendidas algunas cláusulas y, en definitiva, una vez pasados esos 90 días sin que el PEN se expidiera, fácil es concluir, con criterio interpretativo jurídico, que la suspensión -sea total o parcial- culminó y que, en todo caso, quedaron afectadas exclusivamente los contenidos contrarios a la regla 22.425.”

“Lo que el recurrente pretende es acumular el más beneficioso plazo máximo de licencia del convenio con el régimen del art. 208 LCT que, aunque de extensión menor, prevé la duplicación por cargas de familia, para obtener así la doble duplicación que daría cobertura a su representado. Estimo que tal pretensión choca con la regla de aplicación normativa contenida en el art. 9 LCT, a tenor de la cual debe ser seleccionada la norma más favorable, según la teoría de la conglobación por instituciones. Hay consenso absoluto en la doctrina y jurisprudencia en que esa opción legal habilita seleccionar la norma más favorable de las de posible aplicación pero tomadas en bloque, en conjunto y por institución, no siendo válido tomar de cada bloque normativo distintas reglas, sistema conocido como de “acumulación” (conf. Américo Plá Rodríguez, Los Principios del Derecho del Trabajo, Editorial Depalma, 2da. edición actualizada, Buenos Aires, 1978, págs. 57 y stes.).”

“Al pretensor debe juzgársele su situación de cobertura de la contingencia de enfermedad con la norma que resulte más favorable: art. 208 LCT o art. 48 CC 18/75, mas no es factible crear una nueva regla jurídica que combine elementos de un régimen y del otro.”

“Si el trabajador sufre un estado de incapacidad total y permanente, como en el caso bajo examen, esta circunstancia provoca ope legis la extinción del contrato de trabajo y da derecho a aquél a la compensación social prevista en el art. 212, párrafo 4to. LCT.”



7051 - Frangella, María Carolina c/HSBC Bank Argentina SA s/despido

CNTRAB, SALA VII, 08/11/2007, elDial - AA440F 

Despido indirecto. Diferencias saláriales. Interpretación de la vigencia del Art. 43 CCT 18/75. Discriminación. Percepción de menor remuneración que personal subalterno. Menoscabo de la autoridad del trabajador y dignidad frente a los subalternos. Violación del derecho de percibir una remuneración justa. Ley 23.592. Daño moral. Procedencia
Jurisprudencia in extenso

PARTE/S:

Frangella, María Carolina c/HSBC Bank Argentina SA s/despido

TRIBUNAL:

Cám. Nac. Trab.

SALA:

VII

FECHA:

08/11/2007

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, para dictar sentencia en los autos: “Frangella, María Carolina c/HSBC Bank Argentina SA s/despido” se procede a votar en el siguiente orden:

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

I. La sentencia de primera instancia que hizo lugar a las indemnizaciones y diferencias reclamadas por la trabajadora en virtud del despido indirecto del caso es apelada por la parte demandada.

A su vez hay recurso de la perito contadora, perito analista en sistemas-computación y del doctor Najenson -por sí- quienes estiman exiguos los honorarios que se les han regulado (ver fs. 1740, 1741/42, 1743).

II. En primer lugar centra su crítica porque se le impuso las costas derivadas de la resolución de fojas 317/318 por la que se rechaza la defensa de prescripción que opuso en su oportunidad.

Dice que no correspondía tratar dicha defensa de manera previa, tal como lo hizo el a quo, se agravia de que a la parte contraria se le haya regulado el 15% de honorarios y que al no mediar réplica ni participación de la parte actora ello, a juicio del apelante, lleva a concluir que no hubo incidente alguno, todo lo cual justificaría revocar la imposición de costas a su parte. Insiste en que por el confuso planteo del inicio “... se vio forzado a plantear como defensa y para ser tratada con el fondo...” (sic, ver fs. 1746 vta.).

No hay motivo para alterar lo ya decidido en este punto.

En efecto, el particular enfoque que propone el recurrente sólo constituye una mera disquisición semántica tendiente a debilitar los sólidos fundamentos expresados en el interlocutorio por el cual no se hizo lugar a la excepción opuesta (art. 116, LO).

Su argumentación en el punto carece de asidero jurídico alguno que la respalde en tanto, la simple lectura de los fundamentos de la resolución cuestionada da noticia cierta de que, en el caso, la excepción de prescripción bien podía resolverse de manera previa en tanto sólo imponía un mero cotejo de fechas, sin necesidad de producción de prueba alguna, ello como para postergarla con la resolución del fondo (ver fundamentos a fs. 317/18, art. 386 del CProc.).

Propicio confirmar lo decidido en este punto.

III. Ahora bien, en lo atinente al fondo del asunto, tampoco veo que su memorial constituya una crítica eficaz de los fundamentos de la sentencia que le resultó adversa (conf. art. 116 antes cit.).

Digo ello porque el recurrente se agravia de que la a quo haya hecho lugar, entre otras cosas, a las diferencias salariales fundadas en el artículo 43 del convenio colectivo de trabajo 18/1975 en tanto se tuvo por demostrado que la actora desempeñaba tareas de rango superior a las que figuraba como registrada (“contadora gerente operativa” vs. “asistente de contador” tesitura esta última la pretendida por la accionada, ver términos de la traba de la litis).

Frente a ello aduce que en el caso no habría afectación del principio de intangibilidad del salario y que la sentenciante habría efectuado una errónea interpretación de las normas en cuestión al acudir al artículo 1, inciso c), ley de contrato de trabajo para dar plena fuerza al convenio colectivo de trabajo 18/1975 por remisión a la ley 22245 que es precisamente la norma que establece que el personal bancario se regirá por la ley de contrato de trabajo Se agravia que se determine la plena vigencia del citado artículo 43, convenio colectivo de trabajo 18/1975 en cuanto a la validez del sistema de coeficientes, en tanto, aduce que dicho sistema no habría sido receptado en los acuerdos entre la Asociación Bancaria y las Cámaras empresariales, las que en punto a salarios habría acordado sueldos por categorías. Dice que el sistema de promociones automáticas fue expresamente derogado por el decreto 3858/1977 y que en este aspecto no correspondería una automática promoción de la actora. También agrega que los $ 200 que cita la norma (art. 43 antes cit.) son ley 18188 y no pesos actuales, con lo cual, a su juicio, dicha cláusula cayó en desuetudo, además de que se agravia que se considere que no cabe incrementar el salario de un inferior sin incrementar el del superior, que ello no es compatible con la ley de contrato de trabajo y por ende carece de vigencia. Cuestiona también el salario al que arriba la a quo para dar lugar a las indemnizaciones y diferencias del caso, como la reparación por daño moral en concepto de “presunta discriminación” y que la reparación tarifada de la ley de contrato de trabajo es omnicomprensiva de todas las posibles situaciones que pudieran plantearse aún ante una ruptura arbitraria del contrato de trabajo. Discrepa además con el incremento indemnizatorio de la ley 25323 en tanto dice que en el caso se discutía la interpretación de la vigencia del artículo 43, convenio colectivo de trabajo 18/1975, por lo cual, no habría una conducta reprochable de su parte que justifique la aplicación de esta sanción.

IV. Tal como lo adelantara, su memorial no logra desbaratar lo ya resuelto en la instancia de grado.

En el tema motivo de la litis comparto el criterio sustentado por mis colegas que anteriormente integraron esta Excelentísima Sala en el sentido de que “... al mes de mayo de 1986 no se encontraba vigente la ley 21476 ya que ésta fue derogada por la ley 23126 en cuanto dispuso: ‘a partir de los 365 días de la promulgación de esta ley (2/11/1985), recobrarán las convenciones colectivas de trabajo, íntegramente sus efectos legales, conforme su estado de vigencia cuando se sancionaron las disposiciones de facto 21476 y 21418 que a tales efectos quedarán derogadas’. Además, cabe poner de manifiesto que la demandada (empresa privada) no quedó incluida dentro de la salvedad dispuesta por el artículo 2 de la mencionada” (en igual sentido, esta Sala - “in re” “Nacub, Ángel c/Banco Español del Río de la Plata Ltdo. SA s/diferencias de salarios” - sent. def. 22.446 - 10/11/1993; Sala VI - “in re” “Fuertes, Carlos c/Bco. Español del Río de la Plata Ltdo. SA s/dif. sal.” - sent. def. 35.136 - 10/4/1981).

En consecuencia, resulta de aplicación al caso en todas sus partes el convenio colectivo de trabajo 18/1975, dejando sentado además que ningún efecto puede adjudicarse a la ley 21307 ya que su fecha de promulgación es anterior a la 23126 (7/5/1976).

V. En lo atinente a lo preceptuado por la ley 22425, cabe señalar que esta norma, publicada el 16 de marzo de 1981, dispuso en su artículo 10 que el Ministerio de Trabajo debía proceder a adecuar las disposiciones del convenio colectivo de trabajo 18/1975, dentro del plazo de 90 días, quedando durante dicho término suspendida la vigencia del mismo. Vencido dicho plazo, sin que el Ministerio hubiera efectuado la adecuación pertinente, la convención colectiva 18/1975 adquirió plena vigencia, en lo que no se oponga a la ley 22425, que derogó la ley 12637.

Asimismo, la ley 22425 dispuso que a partir de su vigencia el personal de las entidades bancarias se regiría exclusivamente por la ley de contrato de trabajo. Y en este aspecto precisamente debe resaltarse que esta ley en su artículo 8 dispone que “las convenciones colectivas de trabajo que contengan normas más favorables a los trabajadores, serán válidas y de plena aplicación”. Por lo tanto, por imperio de esta norma las disposiciones más favorables de la convención colectiva 18/1975, tienen plena aplicación.

VI. Además, en lo que se refiere a la calificación de orden público de la ley 22425 invocada, cabe señalar que sería errado concluir de ello que sus disposiciones no pueden ser alteradas por voluntad de las partes, cuando mejoran la normativa establecida en la ley de contrato de trabajo. Dicha autocalificación de orden público no tiene más alcance que el previsto en el artículo 3 del Código Civil, o sea que por su carácter imperativo y no supletoria la misma se aplica a los contratos de trabajo en curso de ejecución.

Por el contrario en materia laboral, en concepto de orden público, como lo reconoce uniformemente la doctrina y la jurisprudencia, significa que las normas legales no pueden ser modificadas en perjuicio pero sí en beneficio del trabajador. Para decirlo con palabras del maestro Krotoschin: “Quiere decir que el orden público es una barrera que impide la derogación en perjuicio pero no en beneficio del trabajador. La norma de orden público en materia de derecho del Trabajo, es mínima, de una imperatividad relativa, que no cierra el camino para otorgar mejoras no previstas en la ley” (“Tratado” - 3ª ed. - T. I - págs. 17/5; en igual sentido, “Nacub...” antes cit.).

VII. Coincido también con el decisorio que en virtud de lo preceptuado en el artículo 4, ley 22425 que dispone que “... la aplicación de las disposiciones de la presente ley no significará en ningún caso, la disminución de las remuneraciones que con todos sus adicionales percibe el personal comprendido en el artículo 1 a la fecha de su entrada en vigencia”, con ello se recepta la intangibilidad salarial, y respecto al convenio colectivo, ello implica que la grilla salarial y los adicionales allí regulados no resultan incompatibles con los postulados de la ley 22425 y, por ende, su vigencia y aplicabilidad nunca fue afectada por lo normado por el artículo 10 de la norma y máxime cuando es dable comprobar que en las negociaciones paritarias se sigue aplicando los lineamientos del convenio colectivo de trabajo 18/1975 (ver informativa de fs. 1245 y ss., MTESS, art. 386 del CProc.).

Por otro lado, resulta erróneo lo afirmado por el apelante relativo a que en el caso se habría efectuado una “promoción automática” de la actora, en tanto desde la traba de la litis, puede colegirse que se denunció expresamente que la señora Frangella se desempeñaba como contadora gerente operativa de sucursal, circunstancia de hecho que resultó debidamente acreditada a tenor de la prueba testifical (Lázaro fs. 1223, Diego de García fs. 1230, Cabo fs. 1318, Morales fs. 1331 y Vitorio fs. 1363) que dio noticia cierta del presupuesto de hecho denunciado al inicio y máxime cuando dicha circunstancia llega corroborada también a tenor del informe que brinda el BCRA de la auditoría que efectuara en la demandada en el lapso 2004/2005 donde puede verificarse que la accionada informó a la actora como gerente operativa, todos aspectos del decisorio que el apelante deja incólume (ver fs. 1420/1449, art. 386 del CProc. y 116 ya cit.).

VIII. Su agravio relativo al monto merituado por la a quo a la hora de decidir la existencia de una diferencia de haberes a favor de la trabajadora como así también la base salarial considerada a los fines del cálculo indemnizatorio, tampoco puede prosperar por cuanto llega firme que los parámetros utilizados en el decisorio fueron extraídos del peritaje contable de autos que en el punto no mereció cuestionamiento de la recurrente, por lo que su planteo resulta extemporáneo (ver fs. 1626/58, 1671, 1676/89, 1690/99, 1731/1732 del fallo, art. 116 ya cit.).

IX. A mi juicio tampoco hay motivo válido alguno como para descontar del monto de condena la suma que por daño moral fijó la a quo (ver fs. 1748 vta. y ss. del memorial recursivo).

Cabe rememorar que el daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños (Isidoro H. Goldenberg: “El daño moral en las relaciones de trabajo”, en “Daño moral” - pág. 265 - “Revista de Derecho de Daños” - Ed. Rubinzal-Culzoni - Sta. Fe - 1999).

En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el solo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo (Goldenberg, “El daño moral en las relaciones de trabajo”, en “Daño moral” - pág. 265 - “Revista de Derecho de Daños” - Ed. Rubinzal-Culzoni - Sta. Fe - 1999).

También destaco que la valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad (CNFed. Cont. Adm. - Sala I - 17/8/1997 - “Sandez, Marta Susana c/Csjo. de inversiones s/empleo público”).

Carlos Ghersi, en el libro primeramente citado (pág. 58) destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (art. 1113, parte 2, párr. 2), la equidad (art. 907, párr. 2), la buena fe (art. 1198, párr. 1), y el ejercicio abusivo de los derechos (art. 1071), entre otras disposiciones, enfatizando que “esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez”.

Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución del concepto de “daño moral” por el “daño a la persona”, de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf. su trabajo: “Daño moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extramatrimonial. Daño a la persona”, en “Daño moral” - “Revista de Derecho de Daños” - Ed. Rubinzal-Culzoni - Sta. Fe - 1999 - pág. 7 y ss.).

La irrupción de los Derechos Humanos a partir de la posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el Derecho Universal, comprendido en nuestro país, que en la Reforma Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, cuyo artículo V dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”; “la Declaración Universal de Derechos Humanos”, cuyo artículo 2 reza: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición”, y otras normas de específica aplicación al “sub lite” [art. 75, inc. 22), CN].

La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la Reforma Constitucional que: “El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste” (autos: “Forni c/Ferrocarriles Argentinos” - 7/9/1989; id.: “Bonadero Alberdi de Inaudi c/Ferrocarriles Argentinos” - 16/6/1988).

Hay que recordar también que entre los artículos rectores de la ley de contrato de trabajo figura el número 17, con la “Prohibición de hacer discriminaciones”.

La ley 23592 publicada en el BO del 5 de setiembre de 1988, condena los Actos Discriminatorios, y en su artículo 1 preceptúa la obligación de “reparar el daño moral y material ocasionado” (ver esta Sala - “in re” “Paucar Flores, Jorge Luis c/Cía. de Comunicaciones Capital SA y otros s/despido” - sent. def. 39.103 - 27/3/2006).

Ahora bien, en el caso, queda firmemente comprobado (testigos, informativa y peritaje contable) que la actora se desempeñaba como gerente operativa y que percibía menor remuneración en función de otros trabajadores subordinados de la misma sucursal y oficina sin que dicho trato diferenciado encontrara justificación en causa objetiva alguna y máxime cuando su nivel remuneratorio estaba preestablecido por un convenio colectivo de trabajo (18/1975).

Por otro lado, las causales de discriminación no se agotan en el enunciado del artículo 1, ley 23592 ya que no es taxativo sino simplemente enunciativo y, en el caso, además de lo arriba reseñado, también es dato firme los sucesivos planteos de la actora poniendo de relieve el desnivel que significaba el que sus subordinados percibieran remuneraciones mayores que la peticionante sin que la parte empresaria remediara una situación tan inequitativa que obviamente llevaba un menoscabo de su autoridad y dignidad frente a los subalternos (ver intercambio telegráfico del inicio, y peritaje contable a fs. 1407 y ss. y 1728/1730).

Quiere decir que se configuró una violación a su derecho de percibir una remuneración justa, principio consagrado en nuestra Carta Magna y demás ordenamientos legales al que ya hice referencia, todo lo cual fundamenta el progreso de la indemnización peticionada en la forma resuelta por la señora jueza a quo (arg. arts. 14 bis, CN, 17 y 81, LCT, L. 23592, y trat. DDHH antes cit.).

Sugiero entonces confirmar el decisorio también en este aspecto.

X. Tampoco puede prosperar el agravio que exhibe por la liquidación de la condena del caso (ver fs. 1749 vta./1750).

Ello es así porque el recurrente se limita a manifestar un mero disentir con base en que se habría partido de un “... erróneo salario base...” (sic) y, concretamente, como se vio, queda firme el decisorio en este aspecto y máxime cuando ni siquiera esboza mínimamente en cuanto, de aceptar su postura, habría que disminuir a su favor el monto de la condena dispuesta en grado, carga inexcusable cuando están agotadas las etapas del proceso de conocimiento, por lo que no completa la medida del interés de su agravio (art. 116 ya cit.).

Tampoco resulta atendible su pedido de que se descuente de la condena la suma correspondiente a la multa prevista en el artículo 2 de la ley 25323, toda vez que - en el caso de autos- se aprecian cumplidas las exigencias previstas en la norma: 1) la recurrente fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto; y 2) la trabajadora se vio obligada a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia a abonar dichos conceptos asumida por la accionada (en igual sentido, esta Sala - “Aguilar, José María c/Sistemas Temporarios SA s/despido” - sent. def. 36.116 - 25/4/2002; CNTrab. - Sala VII - “in re” “González, Fabián Enrique c/Coto CICSA s/despido” - sent. def. - 36.486 - 17/2/2003).

Voto por confirmar la sentencia también en este punto.

XI. Tampoco veo que haya motivo válido alguno como para alterar lo decidido en materia de costas, ya que, en el caso, el progreso parcial de las pretensiones de la actora no obsta a que la demandada cargue con la totalidad de las costas del proceso porque resultó vencida en lo sustancial del reclamo y la conducta que asumiera respecto de los reclamos de la trabajadora dio motivo a la existencia de la presente litis (art. 68 del CProc.).

XII. La cuantía de los porcentuales que en concepto de honorarios se regularon a los profesionales intervinientes, con base en el mérito y extensión de su labor, es mi opinión que lucen equitativos, por lo que sugiero su confirmación (art. 38, LO y demás normas arancelarias vigentes).

XIII. De tener adhesión este voto, las costas de Alzada se imponen a la demandada (art. 68 del CProc.), y propongo regular los honorarios de Alzada para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los de la parte demandada, en el 25%, respectivamente, de los determinados por la actuación en la instancia precedente (art. 14, LA).

La doctora Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

El doctor Morando: no vota (art. 125 de la L. 18345).

A mérito de lo que resulta del precedente Acuerdo, el tribunal

RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada.

2) Imponer las costas a la demandada.

3) Regular los honorarios para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los de la parte demandada en el 25%, respectivamente, de los determinados por la actuación en la instancia precedente.

4) Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el artículo 62, inciso 2) de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de comunicar a CASSABA [Ac. (CSJN) 6/2005, pto. V, art. 79, L. 1181 de la CABA].

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Néstor M. Rodríguez Brunengo - Estela M. Ferreirós - Juan C. E. Morando

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