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FALLO BADARO COMPLETO:
"Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios"
Buenos Aires, noviembre 26 de 2007.
 
Considerando:
1) Que en oportunidad de pronunciarse sobre los recursos ordinarios de apelación deducidos contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había establecido pautas para el ajuste del haber del jubilado, el Tribunal declaró desierto el interpuesto por la ANSeS y procedente el del actor, revocó parcialmente la decisión impugnada con el alcance del precedente "Sánchez", publicado en Fallos: 328:1602 y 2833 (LA LEY, 2005-C, 432), y ordenó al organismo previsional que efectuara los reajustes que habían quedado firmes (fs. 169/172 vta.).
 
2) Que al expedirse también sobre los agravios referentes a la falta de movilidad del beneficio en el período que se inició el 31 de marzo de 1995 en adelante, la Corte consideró que correspondía al Congreso de la Nación fijar los incrementos mediante las leyes de presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, pero que hasta el año 2006 no lo había hecho y esa omisión había producido, a partir de la crisis del año 2002, un severo deterioro en las condiciones de vida del apelante, que juzgó particularmente evidenciado por las variaciones registradas en los indicadores económicos.
 
3) Que el Tribunal ponderó además que los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo en la materia habían otorgado aumentos, en especial a los haberes más bajos, pero no habían subsanado la merma sufrida en los beneficios superiores a $ 1000, en desmedro del derecho del actor a cobrar de acuerdo con el mayor esfuerzo contributivo realizado, por lo que concluyó que se verificaba en el caso una lesión a la garantía prevista en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, ya que la prestación no había sido acompañada en el transcurso del tiempo y reforzada a medida que perdía la razonable relación que debía mantener con los ingresos de los trabajadores.
 
4) Que después de examinar las atribuciones con que cuentan los distintos departamentos del Estado para fijar los incrementos y evaluar las condiciones económicas, financieras y de distribución del gasto público, el Tribunal estimó prudente diferir la decisión sobre la validez del sistema de movilidad impugnado por el recurrente por un plazo que resultara suficiente para el dictado de las disposiciones faltantes. A fin de hacer saber a las autoridades responsables la necesidad observada, comunicó al Poder Ejecutivo y a las dos cámaras del Congreso de la Nación el contenido del fallo (fs. 176 y 177/178).
 
5) Que el actor denunció posteriormente que la ANSeS no había dado cumplimiento a lo resuelto en lo relacionado con el ajuste del nivel inicial del beneficio, el cómputo de la movilidad hasta el 31 de marzo de 1995 y el pago de retroactividades (fs. 191/192); empero, dado que el organismo presentó una liquidación de esos créditos (fs. 377/390) y el jubilado ha señalado que continuará la discusión de las diferencias que indicó en la instancia de ejecución (fs. 677), no corresponde tratar dicha cuestión ni el pedido de aplicación de sanciones (fs. 245/246).
 
6) Que la ley 26.198, que aprobó el presupuesto general de la administración nacional del año 2007, convalidó las modificaciones en los valores mínimos de las prestaciones dispuestas en los decretos 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05 y 764/06, el suplemento por movilidad establecido en el decreto 1199/04 y el incremento general de los beneficios dispuesto por el citado decreto 764/06 (art. 48).
 
7) Que, por otra parte, otorgó un aumento del trece por ciento (13%), a ser percibido por todos los jubilados a partir del 1° de enero de 2007 sobre los importes correspondientes al 31 de diciembre de 2006 (art. 45); fijó el haber mínimo en la suma total de quinientos treinta pesos ($ 530) mensuales (art. 46) y autorizó al Poder Ejecutivo a conceder en el curso del año incrementos adicionales en las prestaciones, cuando la evolución de las finanzas públicas lo permitiera (art. 47), lo cual se concretó -después de que la Corte oyera a las partes sobre la ley-a través del decreto 1346/07, que incrementó las prestaciones en un 12,50% a partir del 1° de setiembre del corriente año.
 
8) Que el actor plantea la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley 26.198, pues sostiene que no cumplen con las pautas fijadas por esta Corte en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad (fs. 204/225). Destaca que la aplicación de los incrementos del decreto 764/06 y de la ley 26.198 no han recompuesto su prestación sino que la han dejado en un nivel muy inferior a los haberes de actividad acreditados, correspondientes al año 2003 (fs. 101), y con una mayor desproporción aún respecto del salario a julio de 2006 cuya constancia acompaña (fs. 209), por lo que entiende que su jubilación ha sufrido una disminución confiscatoria al punto que ha perdido el carácter sustitutivo del ingreso. De esas objeciones se corrió traslado a la demandada, que no las contestó en término.
 
9) Que al respecto cabe señalar que el fallo dictado en la causa fue preciso al detallar la omisión legislativa que la Corte había advertido y el daño derivado de ella, por lo que no podían suscitarse dudas respecto del contenido de la norma cuyo dictado se estimó necesario: debía reparar adecuadamente el menoscabo sufrido por los beneficiarios que percibían haberes superiores a los mínimos por la falta de una oportuna adaptación a los cambios en las condiciones económicas.
 
10) Que resulta igualmente claro que las prescripciones de la ley 26.198, que se han reseñado, no son aquéllas que el Tribunal reclamó en la sentencia de fecha 8 de agosto de 2006. Tal conclusión deriva del texto legal aprobado por el Congreso, que ejerce por primera vez las facultades reservadas por la ley de solidaridad previsional y de tal forma establece el incremento anual de las prestaciones, pero que no contiene precepto alguno dirigido a resolver la particular situación que se ha comprobado en autos, vinculada con años anteriores. Así lo expresa su art. 51, en tanto interpreta que las alzas acordadas constituyen la movilidad mínima garantizada para el ejercicio 2007.
 
11) Que, por otra parte, el porcentaje de aumento otorgado para el corriente año por la citada ley —al igual que el previsto por el decreto 1346/07— rige para la totalidad de la clase pasiva, sin examinar el achatamiento en la escala de beneficios señalado por esta Corte, además de que no se ha hecho cargo de que ese desfase se ha venido agravando durante los últimos cinco años, por lo que no podría sostenerse que la ley 26.198 haya cumplido el deber de corregirlo, máxime cuando ha convalidado en su art. 48 las normas que lo originaron. De estas últimas, sólo el decreto 764/06 introdujo una mejora en el haber del actor, pero su magnitud, como se verá, no guarda relación con la disminución evidenciada en la causa.
 
12) Que desde tal perspectiva y agotado el plazo razonable a que aludía el fallo anterior, corresponde expedirse sobre las impugnaciones al sistema instituido por el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, a la luz de su concreto ejercicio durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006. Deben desestimarse, en consecuencia, las objeciones que el actor formula referentes a la insuficiencia del aumento del 13% previsto en la citada ley 26.198, ya que su adecuación sólo podrá ser examinada eventualmente, en forma conjunta con el incremento dispuesto por el decreto 1346/07, recién cuando se conozca la evolución definitiva del estándar de vida del jubilado durante el corriente ejercicio.
 
13) Que la Corte ha aceptado la validez constitucional de los cambios de los regímenes de movilidad, esto es, del reemplazo de un método de determinación de incrementos por otro, realizado a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social (Fallos: 255:262; 295:694; 308:199; 311:1213; 318:1327); empero, el reconocimiento de esa facultad se encuentra sujeto a una indudable limitación, ya que tales modificaciones no pueden conducir a reducciones confiscatorias en los haberes (Fallos: 158:132; 170:394; 179:394; 234:717; 253:783; 258:14; 300:616; 303:1155).
 
14) Que la ley 24.463 consagró un régimen de movilidad con un nivel de protección menor que el que tenían los existentes hasta el momento de su entrada en vigencia. La eliminación de los ajustes basados en la comparación con indicadores salariales, mediante la derogación del art. 160 de la ley 24.241, que había mantenido el art. 53 de la ley 18.037, justifica dicha afirmación. También contribuye a demostrar el objetivo de la norma bajo análisis el hecho de que suprimiera los aumentos según las variaciones en los ingresos del sistema que preveía el art. 32 de la ley 24.241 y la prohibición de disponer recomposiciones sobre la base de las remuneraciones individuales. Tales disposiciones, en suma, despojaron a los beneficios de parámetros para su recomposición.
 
15) Que en el fallo dictado en la causa, esta Corte señaló que el art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, que vino a sustituir los procedimientos derogados, únicamente atribuyó una competencia, pero que no sólo era facultad sino también deber del Congreso fijar el contenido concreto de la garantía en juego. Ello es así porque la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la movilidad no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud, que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602).
 
16) Que ese mandato no fue cumplido en las oportunidades y con el alcance exigidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Para conferir eficacia a la finalidad protectora de la ley fundamental, su reglamentación debe guardar una razonable vinculación con los cambios que afectan al estándar de vida que se pretende resguardar, lo que no sucede si el régimen en cuestión termina desconociendo la realidad que debe atender (Fallos: 327:3677), con correcciones en los haberes que se apartan por completo de los indicadores económicos.
 
17) Que tal defecto se comprueba en el caso pues, frente a subas en el nivel de precios del 91,26% en el período examinado y modificaciones en los salarios del 88,57%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la prestación del actor se encuentra alcanzada sólo por el incremento general del 11% dispuesto por el decreto 764/06 en ese mismo lapso, guarismos que acreditan suficientemente la pérdida invocada por el apelante.
 
18) Que no se ha demostrado en la causa la existencia de muy graves circunstancias de orden económico o financiero que impidan acatar en lo inmediato el mandato constitucional o disponer, cuando menos, una recuperación sustancial del deterioro sufrido por la prestación del actor, y ello tampoco surge de los antecedentes de las normas en juego, lo cual lleva a desestimar por falta de fundamento las invocaciones del organismo previsional referentes a la gravedad institucional del caso y la crisis de las cuentas públicas (fs. 28/31 y 128/131), manifestaciones que no condicen, por lo demás, con la mejora en las cifras de la recaudación y balance fiscal que son de público conocimiento.
 
19) Que no puede ignorarse que en este marco normativo y mediante los decretos de necesidad y urgencia convalidados por el art. 48 de la ley 26.198, se ha producido una recuperación en las prestaciones mínimas que excede con amplitud las variaciones registradas en los índices de precios y de salarios, ni el esfuerzo presupuestario que ello representa. Tampoco puede soslayarse la circunstancia de que, frente a los reparos constitucionales formulados por el Tribunal en su anterior pronunciamiento, se ha producido una suerte de ratificación de la prioridad en la asignación de recursos que se infiere de dichas normas. Tales consideraciones, empero, no constituyen la respuesta que la garantía conculcada requería.
 
20) Que por las razones expuestas, y dado que el único aumento en el beneficio jubilatorio del actor que se ha dispuesto durante el período examinado es insuficiente para reparar su deterioro, corresponde declarar en el caso la inconstitucionalidad del régimen de movilidad aplicable y ordenar su sustitución y el pago de las diferencias pertinentes, criterio compartido por el Ministerio Público que, al ser oído sobre una temática análoga en la causa G.2708.XXXVIII. "Gómez Librado, Buenaventura c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad", consideró que estaban dadas las condiciones para que esta Corte determinara los porcentajes adecuados para nivelar la prestación (véase dictamen de fecha 12 de abril de 2005, fs. 231/232).
 
21) Que en los numerosos precedentes que esta Corte ha dictado en materia de movilidad, citados en la sentencia de fecha 8 de agosto de 2006 y en la presente, se ha puesto particular énfasis en que los beneficios jubilatorios, que desde su determinación inicial se han vinculado con un promedio de salarios devengados, deben ajustarse de modo de dar adecuada satisfacción a su carácter sustitutivo. Ello lleva a resolver la cuestión planteada mediante la utilización del nivel general del índice de salarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
 
22) Que ello no obsta a la ulterior aplicación de las disposiciones del art. 45 de la ley 26.198 y del decreto 1346/07, pues aunque los aumentos fijados evidencian una favorable relación con las correcciones salariales producidas durante el corriente año, no pueden ser interpretados como que responden al cumplimiento del deber impuesto por la sentencia del Tribunal, que puso el acento en el deterioro de las prestaciones jubilatorias durante los años 2002 a 2006, por lo que no obstante su finalidad de continuar con la política de mejoramiento de los ingresos de la totalidad de la clase pasiva, tal propósito no podría llenarse en el caso si no se mantuviera el nivel de la prestación del actor según los términos ya establecidos.
 
23) Que, en cuanto a la proyección de la presente decisión sobre la numerosa cantidad de pleitos en los que se debaten controversias similares, cabe recordar que las consideraciones expuestas en el presente fallo en torno al ajuste de la prestación del actor por el período reclamado se limitan únicamente al caso concreto reseñado: ése es el acotado ámbito de debate traído en esta oportunidad a conocimiento del Tribunal. Ello es así, en tanto no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el artículo 116 de la Constitución Nacional dictar una sentencia con carácter de norma general denegatoria de las disposiciones cuestionadas, pues ello implicaría sustituirse al Congreso en las funciones que le son propias de mantener el equilibrio que armoniza las garantías individuales con las conveniencias generales.
 
24) Que en este entendimiento, esta Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional. Una reglamentación prudente de la garantía en cuestión, además de facilitar el debate anual sobre la distribución de recursos y evitar el uso de facultades discrecionales, permitiría reducir la litigiosidad en esta materia, que ha redundado en menoscabo de los derechos de los justiciables y del adecuado funcionamiento del Poder Judicial (Fallos: 328:566 "Itzcovich"), por lo que se formula una nueva exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen esta problemática.
 
Por ello, el Tribunal resuelve:
Declarar en el caso la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, disponer que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y ordenar a la demandada que abone el nuevo haber y las retroactividades que surjan de la liquidación, en el plazo previsto por el art. 2 de la ley 26.153, estas últimas con más los intereses a la tasa pasiva según el precedente de Fallos: 327:3721 ("Spitale"), autorizándose la deducción de las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del decreto 764/06. Notifíquese y devuélvase. — Ricardo Luis Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Enrique Santiago Petracchi. — Juan Carlos Maqueda. — E. Raúl Zaffaroni.



NUEVO REGIMEN PREVISIONAL: SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA)

Buenos Aires, 6 de noviembre de2008
Señor Presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
TÍTULO I
Sistema Integrado Previsional Argentino

CAPÍTULO I
Unificación
Art. 1 - Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley.

Art. 2 - El Estado nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPÍTULO II
Afiliados y beneficiarios

Art. 3 - Los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los períodos en que el trabajador se encontraba afiliado al régimen de capitalización, serán considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el artículo 17 de la ley 24241 y sus modificatorias como si hubiesen sido prestados al régimen previsional público.

Art. 4 - Los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que, a la fecha de vigencia de la presente, sean liquidados por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario serán pagados por el régimen previsional público. El importe de las prestaciones de los actuales beneficiarios de las prestaciones por invalidez, pensión y jubilación ordinaria del régimen de capitalización será valorizado conforme el valor cuota más alto vigente entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de setiembre de 2008. Estas prestaciones en lo sucesivo tendrán la movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24241 y sus modificatorias.

Art. 5 - Los beneficios del régimen de capitalización previstos en la ley 24241 y sus modificatorias que, a la fecha de vigencia de la presente, se liquiden bajo la modalidad de renta vitalicia previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro.

Art. 6 - Los afiliados al régimen de capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de "imposiciones voluntarias" y/o "depósitos convenidos" y que aún no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la Administración Nacional de la Seguridad Social para mejorar su haber previsional conforme lo determine la reglamentación o a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la que deberá reconvertirse, modificando su objeto social para tal finalidad.

El Poder Ejecutivo Nacional dictará las normas pertinentes a esos fines.

TÍTULO II
De los recursos del sistema

Art. 7 - Transfiéranse en especie a la Administración Nacional de la Seguridad Social los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la ley 24241 y sus modificatorias, con las limitaciones que surjan de lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el decreto 897/2007.

Art. 8 - La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

En los términos del artículo 15 de la ley 26222 el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social.

En razón de sus actuales posiciones, las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo 74 de la ley 24241, rigiendo las prohibiciones del artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.

Queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior.

Art. 9 - La Administración Nacional de la Seguridad Social no percibirá por la administración de los fondos comisión alguna de los aportantes al sistema.

Art. 10 - La totalidad de los aportes correspondientes a los trabajadores autónomos financiará las prestaciones del régimen previsional público, modificándose, en tal sentido, el artículo 18, inciso c), de la ley 24241 y sus modificatorias.

TÍTULO III
De la supervisión de los recursos

Art. 11 - La Administración Nacional de la Seguridad Social, entidad actuante en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, gozará de autonomía financiera y económica, estando sujeta a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social creada en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.

Dicha comisión estará integrada por seis (6) senadores y seis (6) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna, teniendo como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.

Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.

Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento.

Art. 12 - Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del sistema y estará integrado por:

a) Un representante de la ANSeS;
b) Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
c) Dos integrantes del Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la ANSeS;
d) Tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas;
e) Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas;
f) Dos representantes de las entidades bancarias más representativas;
g) Dos representantes del Congreso de la Nación, uno por cada Cámara.

Los miembros integrantes de este consejo ejercerán su función con carácter ad honórem y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de las entidades y organismos respectivos.

TÍTULO IV
Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones

Art. 13 - En ningún caso las compensaciones que pudieran corresponder a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. A esos fines, el Estado nacional, de corresponder, entregará a los accionistas de dichas entidades, títulos públicos emitidos o a emitirse por la República Argentina, teniéndose en cuenta un cronograma mínimo de enajenación de dichos títulos para evitar afectaciones a la cotización de los mismos, permitiendo, asimismo, que la Administración Nacional de la Seguridad Social tenga derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos.

Art. 14 - A través de las áreas competentes, y en los supuestos de extinción de la relación laboral por despido directo dispuesto por la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, se realizarán todos los actos necesarios para garantizar el empleo de los dependientes no jerárquicos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que opten por incorporarse al Estado nacional en cualquiera de sus dependencias que éste fije a tal fin, con reconocimiento de la antigüedad a los efectos del goce de las licencias legales o convencionales.

La incorporación al Estado se efectuará en los términos del artículo 230 de la ley de contrato de trabajo.

Art. 15 - El personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la ley 24241 y sus modificatorias será transferido a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en la proporción y oportunidad que sea necesario para su funcionamiento, conforme lo determine el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A los efectos relativos a la antigüedad en el empleo del personal que sea transferido, se considerará como tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación con el organismo cedente.

Asimismo, deberán transferirse los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para el adecuado funcionamiento de las comisiones médicas.

Los gastos que demanden las comisiones médicas y la Comisión Médica Central serán financiados por la Administración Nacional de la Seguridad Social y las aseguradoras de riesgos del trabajo, en la forma y proporciones establecidas en la reglamentación.

TÍTULO V
Régimen general

Art. 16 - Los afiliados del Sistema Integrado Previsional Argentino tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 17 de la ley 24241.

El haber mensual de esta prestación se determinará computando el uno y medio por ciento (1,5%) por cada año de servicios con aportes realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria. Para acceder a esta prestación los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 23 de la citada ley.

A los efectos de aspectos tales como movilidad, prestación anual complementaria y otros inherentes a la prestación adicional por permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen para la prestación compensatoria.

Art. 17 - Deróganse el inciso e) del artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y el artículo 113 de la ley 24241 y sus modificatorias.

Art. 18 - La Administración Nacional de la Seguridad Social se subroga en las obligaciones y derechos que la ley 24241 y sus modificatorias les hubiera asignado a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

TÍTULO VI
Disposiciones transitorias

Art. 19 - La Administración Nacional de la Seguridad Social deberá adoptar las medidas necesarias para hacer operativa la presente ley en lo relativo a la recepción de los aportes y el pago de los beneficios por jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento en el plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 20 - La presente ley es de orden público, quedando derogada toda disposición legal que se le oponga.

Art. 21 - La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 22 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor Presidente.
 


 
Jubilados Bancarios: MEJORAS JUDICIALES
FALLO “CIRILLO”

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social ha dictado un muy acertado fallo, “Cirillo Rafael s/reajustes varios”, que beneficia al citado trabajador jubilado actualizando significativamente su haber.
Es ese un nuevo ejemplo del buen accionar que viene teniendo la Justicia en relación a los jubilados. Tal como lo detalláramos oportunamente, también la Corte Suprema de Justicia ha actuado de manera acertada en fallos tan trascendentes como “Sánchez” y “Badaro”. De hecho, en buena medida, el fallo “Cirillo” sigue las pautas del positivo fallo conocido como “Badaro II”.
Pero “Cirillo” va incluso más allá de “Badaro”. En efecto, esta última decisión judicial actualizaba el haber hasta el 31 de diciembre del 2006. El ajuste que implementa “Cirillo” excede aquella fecha límite. De hecho, actualiza el haber hasta el mismo día de la sentencia y sienta además las bases de su ajuste para el futuro.
Veamos como expresa lo precedentemente manifestado el fallo “Cirillo”:
“Disponer que el haber de la prestación del actor ( en este caso el jubilado Rafael Cirillo), se ajuste a partir del 1º de enero de 2002 y hasta tanto se sancione la norma reglamentaria de alcance general ( es decir una ley de movilidad jubilatoria) requerida por el Alto Tribunal ( la Corte Suprema de Justicia) según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general .....”
He aquí entonces una nueva reparación del daño causado a los jubilados realizada por la Justicia.

¿PUEDE LA JUSTICIA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS JUBILADOS?
Sí, aunque con las siguientes limitaciones:
1. Las sentencias sólo tienen alcance individual y no general. En el caso al que nos hemos referido, por ejemplo, sólo se beneficia al Sr. Rafael Cirillo que es quien inició la acción judicial. Lo positivo es que las decisiones judiciales positivas de los tribunales superiores suelen ser tenidas en cuenta por los inferiores.
2. Las sentencias suelen tardar años en llegar.
Por el momento parece difícil que esa demora ceda, más aún si consideramos que como consecuencia de fallos tan positivos para los jubilados como “Badaro” y “Cirillo” viene aumentando el número de demandas por ajuste de haberes las que abarrotan aún más a los tribunales. La Asociación Bancaria lucha intensamente para acortar aquellas dilaciones procesales. Pero la realidad es que no se trata de un emprendimiento fácil ya que existe una gran deficiencia estructural que no es fácil de revertir, traba que, sin embargo, en nada disminuirá nuestro empeño. Incrementa aún más aquella demora en las gestiones el reticente accionar de ANSES.
Cabe recordar que en las tramitaciones de actualización de jubilaciones no sólo participa la Justicia sino que existe además una intervención administrativa a cargo de ANSES. La Asociación Bancaria también procura acelerar los tiempos en esta etapa. Así, por ejemplo, nuestro Sindicato está solicitando una entrevista con el nuevo director ejecutivo de ANSES Lic. Amado Boudou precisamente a aquellos efectos.
¿CONVIENE A LOS JUBILADOS HACER JUICIO POR AJUSTE DE HABERES?
Hoy por hoy, dada la deficiente realidad jubilatoria, la acción judicial, en aquellos casos en que procede y es razonable, surge como un proceder prudente para que los jubilados puedan hacer valer sus derechos y obtener lo que les corresponde.
¿GANAN SIEMPRE LOS JUBILADOS ESOS JUICIOS?
Nadie serio y responsable puede asegurar de antemano un triunfo judicial. Siempre existe un riesgo que deberá asumir quien demanda. Sin embargo, hoy la jurisprudencia (sentencias) viene siendo mayoritariamente favorable a los jubilados y cada vez lo es más.
En la actualidad, si la acción judicial procede y es bien llevada, en la gran mayoría de los casos obtiene una sentencia favorable.
¿INICIAN MUCHOS JUBILADOS JUICIO POR AJUSTE DE HABERES?
En realidad no. Así, por ejemplo, 1.200.000 jubilados estarían en condiciones de iniciar juicio por ser su situación similar a la planteada en el fallo “Badaro”. Sin embargo se estima que sólo un 3% de ellos accionaría judicialmente este año. Cabe recordar que el criterio adoptado en “Badaro” beneficia fundamentalmente a quienes cuentan con haberes medios, siendo la mejora que puede obtenerse mayor cuanto más alto es el haber.
¿POR QUE LOS JUBILADOS ACCIONAN TAN POCO JUDICIALMENTE?
Las causas son múltiples. Entre ellas mencionaremos algunas de las más comunes.
Hay jubilados que no conocen abogados que realicen este tipo de juicios.
Otros simplemente no quieren emprender un juicio ni tener nada que ver con la Justicia. Otros no están dispuestos a esperar años para obtener una mejora en sus ingresos. Todos los criterios son válidos y respetables.
Sucede también que los abogados previsionalistas no suelen tomar juicios cuando los montos a obtener por los jubilados no son significativos ya que esas demandas no les resultan rentables.
¿CUAL ES EL COSTO PARA LOS JUBILADOS LLEVAR ADELANTE ESTE TIPO DE JUICIOS?
En muchos casos los profesionales actuantes (abogados) sólo perciben sus honorarios cuando los jubilados obtienen una sentencia favorable que determina tanto una mejora en sus haberes como una compensación retroactiva.
La realidad es que, en otros casos, los abogados van requiriendo a los jubilados sumas de dinero para iniciar los juicios y/o durante el desarrollo de los mismos. Los jubilados deberían aclarar bien este aspecto antes de conceder poder a los profesionales actuantes.
¿ASISTE LA ASOCIACIÓN BANCARIA A LOS JUBILADOS BANCARIOS QUE DECIDEN INICIAR JUICIO POR AJUSTE DE HABERES?
Si. La Asociación Bancaria asiste a los jubilados y pensionados de nuestro sector de todas las formas que le resulta posible, inclusive la judicial. Así, en ese campo brinda los siguientes servicios:
 Asesoría Jurídica Previsional
 Asistencia para el desarrollo de juicios por ajustes de haberes.
Cabe señalar que para la Asociación Bancaria, imbuida de un criterio solidario, fraternal y protectorio de sus representados, lo esencial es asistir a los jubilados y pensionados bancarios en toda la medida de sus posibilidades, procurando siempre mejorar su situación. Es por ello que “La Bancaria” colabora en la gestión de sus juicios por ajuste de haberes sin excluir a los de montos moderados o pequeños.
¿SON LOS JUICIOS LA MEJOR FORMA DE BRINDAR A LOS JUBILADOS LAS CONDICIONES DE VIDA QUE LES CORRESPONDEN?
No, de ninguna manera. Lo ideal sería contar con un adecuado sistema previsional que, lejos de hallarse afectado por sus deficiencias actuales, tenga un adecuado régimen de movilidad jubilatoria que asegure a los jubilados adecuadas condiciones de vida en forma permanente.
Los juicios constituyen tan sólo un lento camino alternativo para que los jubilados puedan obtener lo que les corresponde cuando el sistema previsional no se los brinda.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA BANCARIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS BANCARIOS?
En realidad, la asistencia jurídica y judicial a nuestros afiliados jubilados y pensionados es simplemente otro de los servicios que les brindamos. Pero nuestro accionar gremial se centra en obtener un régimen que incluya una movilidad jubilatoria que de manera justa, suficiente y permanente les brinde las condiciones de vida que les corresponden y que tanto necesitan.
Muchas son las acciones que llevamos a cabo con ese fin. Así, por ejemplo, nuestras gestiones ante los distintos Poderes del Estado son intensas y permanentes.
Recientemente, además, estuvimos abocados, junto a organizaciones hermanas, a la elaboración de un Proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria que será elevado a la CGT y de allí al Congreso de la Nación.
 

 

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